Gobierno de Ciudad de México defiende la ley seca pese a la reapertura de bares
Los cerveceros creen que las restricciones a la venta de alcohol en la capital fomentan el mercado negro y la movilidad
Con el semáforo en naranja y todos los negocios abiertos, la única restricción parece afectar a los hogares. Un fin de semana, la ciudadanía de Ciudad de México puede ir a un restaurante y beber alcohol, pero no puede hacerlo en su casa, resguardado del virus, porque no venden cerveza en las tiendas ni en los supermercados. Solución, salir de casa. La ley seca decretada en diversos municipios y alcaldías busca eliminar las reuniones multitudinarias en las viviendas particulares, dicen portavoces del Gobierno de Ciudad de México. Los cerveceros no ven esas ventajas. "El consumo se vuelve clandestino y sin seguridad para la salud", dice la directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.
Para el Gobierno de Ciudad de México no hay más razón para imponer la ley seca que impedir las grandes reuniones familiares características de la población, donde entienden que se producen contagios. Y eso, dicen las fuentes consultadas, seguirá así quizá hasta que el semáforo cambie al amarillo. En otras entidades del país, a decir de Siqueiros, esta medida es arbitraria. "En algunas partes se dijo que si cambiaba el color del semáforo se volvería a la ley seca pero no lo han hecho. Ya se dieron cuenta de que no daba los resultados esperados", afirma.
La Ciudad de México permite el consumo en restaurantes en interior en un 20% del aforo y siempre que se cuente con terrazas en el exterior deben priorizarse. El servicio dentro de los establecimientos concluirá a las 19.00 y en las terrazas a las 22.00 pero el alcohol dejará de servirse una hora antes. La capital está reportando una caída de los contagios en los últimos días, pero aún es pronto para cambiar el color del semáforo al amarillo después de pasar dos meses en la máxima alerta sanitaria.
El inicio de la pandemia fue duro para la industria cervecera del país. México es el primer exportador del mundo y ocupa el cuarto lugar en producción de cerveza. En el sector trabajan 600.000 personas, 55.000 de ellas con empleos directos. La cadena es larga hasta llegar a los hogares. "Para las tiendas de la esquina la venta de cerveza representa el 40% de sus ganancias", dice Siqueiros. En fin de semana, las latas y las caguamas [litronas] permanecen en el almacén. Por abril y mayo del año pasado hubo momentos en que no había cerveza en ninguna parte, la producción se paró y los establecimientos fueron agotando sus existencias. A esas pérdidas, los productores han tenido que afrontar las derivadas del cierre prolongado de los restaurantes. Ahora, todo está volviendo a la normalidad, dice Siqueiros: "Estamos ya en nuestras plantas funcionando prácticamente al 100% y hemos manifestado a los Gobiernos nuestra disposición para colaborar contra la pandemia, pero también nuestra preocupación por las consecuencias de una ley seca".
La directora general de los cerveceros explica que las restricciones al alcohol "no tienen una correlación con el descenso de los contagios". Además, "en México se ha visto cómo se incrementan los mercados ilegales de alcohol, de procedencia ilícita, con riesgo para la salud de los consumidores porque adulteran el producto, que no cumplen con las normas sanitarias". En algunos lugares se han constatado muertes por esa razón. Pero además, continúa Siqueiros, desproveer de alcohol a los consumidores "genera movilidad, no solo entre alcaldías, también entre municipios y Estados, justo lo contrario de lo que se pretende", que es un resguardo en casa y disminuir los traslados y los contactos. Por último, cita otra desventaja de cortar el grifo a los que tienen sed: "Hemos comprobado que se producen aglomeraciones en los puntos de venta cuando se anuncian los cortes de suministro", asegura Siqueiros.
Los productores cerveceros dicen ser "aliados" de los gobiernos a quienes les han transmitido su "preocupación" por las restricciones. Consideran que un sector que supone el 1,5% del PIB en el país debe compatibilizar el empleo y su potencia económica con el cuidado de la salud. "Debemos equilibrar eso", afirman.
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